Organizaciones provinciales, federaciones nacionales, guías de montaña y montañistas en general solicitaron al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, el veto parcial de la ley aprobada en la última sesión del año 2023 por la Legislatura provincial de autoría del legislador Federico Sciurano (Forja) y que establece, entre otras cosas, la contratación de un seguro obligatorio para quienes deseen practicar trekking o senderismo en el entorno natural de Tierra del Fuego, por encontrarla contraria al objetivo de la Ley Nacional del Fomento del Montañismo y afectar el derecho a la práctica de esta actividad sin respetar la igualdad ante la ley.
“Con esta norma convertirán a la provincia fueguina en un territorio hostil respecto de la libertad para la práctica del montañismo con restricciones que no existen en ninguna otra parte del país”, sostienen los y las montañistas que cuestionan la legislación y solicitan concretamente el veto de uno de sus artículos.
Los y las montañistas que integran organizaciones como el Club Andino Río Grande y grupos de trekking de Tierra del Fuego, así como la Delegación fueguina de la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña y la organización nacional Federación Andinistas Argentinos (integrada por 48 clubes de 15 provincias) pidieron formalmente al Gobernador que avance en el veto del artículo 6° de la ley sancionada por unanimidad en la cámara fueguina.
Además, sostienen que valoran “todo intento de gestión o normativa que se proponga mejorar las condiciones de desarrollo de cualquier actividad con asistencia pública y, en tal sentido, tenemos una extensa experiencia en fomentar ello en todo el territorio argentino”. Pero, asimismo, señalan que “en ocasiones, debido a no dar intervención a la totalidad de los actores, sectores y organizaciones involucradas, se pueden cometer errores o dejar fuera visiones sobre las temáticas que deben ser consideradas. Ello es lo que creemos ha ocurrido en este caso y por ello esta petición que efectuamos”.
Sin diálogo
Los montañistas destacaron que solicitaron poder plantear sus objeciones a los autores de la ley, pero que no se les brindó la oportunidad de hacerlo. En función de ello recurrieron directamente al Gobernador y a la difusión pública.
Sostienen su oposición al mecanismo por el cual se genera una carga económica sobre quienes realizan montañismo de manera amateur y explican que la denominada Ley de buenas prácticas para el desarrollo de actividades recreativas en zonas agrestes de Tierra del Fuego, “en realidad lo que hace es buscar cómo financiar un grupo de rescate y para ello crea un seguro obligatorio que ni siquiera existe en toda la Argentina”. Y agregan que la norma provincial “lograría crear el mercado para desarrollar ese producto porque hoy ni siquiera lo tienen las aseguradoras”.
Asimismo, señalan desde las organizaciones de montañismo y guías que existen en Argentina grupos de rescate en varias provincias (Río Negro, San Juan, Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, etc.) y que en ningún caso estas se financian “imponiendo” a los y las ciudadanas un seguro que, por otra parte, en Argentina ni siquiera existe.
“Ninguna otra actividad amateur y deportiva es castigada como en este caso, con condiciones económicas para su práctica y posibilidad de asistencia. No se respeta la igualdad ante la ley y se penaliza el desarrollo de una actividad que es positiva para el desarrollo humano, social y físico como es el montañismo” destacan las organizaciones peticionantes.
Alternativa
Existe en el país, aprobada hace más de 2 años, una Ley Nacional de Fomento del Montañismo (Nro. 27665) la cual, señalan, no habría sido considerada en el tratamiento de la norma fueguina recientemente sancionada. Ello se evidencia, dicen, atento que la legislación aprobada sólo incluye “una visión exclusivamente enfocada en la actividad turística sin diferenciarla de la práctica amateur, deportiva y socio-recreativa”.
Directivos de las organizaciones de montaña explicaron en un comunicado que “existe una extendida y reiterada confusión, que podemos asumir lógica en quienes no conocen nuestra actividad por no practicarla, de una errónea asimilación con el mero turismo”.
Agregan que este error “por desconocimiento ya ha motivado no sólo presentaciones ante proyectos de normas que cometían este mismo error en las cámaras nacionales legislativas (en todos los casos esos proyectos no prosperaron) sino además en otras provincias, donde en algunos casos tampoco prosperaron”. O bien, luego de su aprobación, debieron ser modificadas y/o derogadas por ser, finalmente “de imposible cumplimiento”.
En concreto, las organizaciones de montañistas peticionan al gobernador el veto del artículo 6° de la ley aprobada por la Legislatura. Además, ofrecen “participar de forma colaborativa” en la reglamentación de la norma citada y solicitan que remita a la Legislatura un proyecto de ley de adhesión a la Ley Nro. 27665, para lo cual también se ofrecen a colaborar en su elaboración, “tal como lo han realizado en el resto de las provincias y tienen amplia experiencia y modelos”.
El colectivo de montañistas que encabezan el reclamo, concluyó su comunicación expresando “nuestra voluntad de diálogo, construcción colectiva y respeto interinstitucional” para luego remitirse “al ejercicio de nuestros derechos ciudadanos”, de peticionar a las autoridades y dar difusión pública a dicha petición “porque tenemos la convicción de la protección del desarrollo de nuestra actividad la cual llevamos adelante con nuestros principios rectores de Montañas Libres, Montañas Seguras y Montañas Limpias”, destacan finalmente.
(Ph Rogelio Espinosa – findelmundo.tur.ar)