En medio de la creciente preocupación por la preservación de la merluza negra en aguas argentinas, un nuevo incidente surgió en la costa de Tierra del Fuego, en la Patagonia, donde se denunció que un buque operado por la empresa Estremar excedió ampliamente la cuota que legalmente ostenta de esta especie protegida, renovando la polémica y los interrogantes sobre la gestión de los recursos pesqueros en el país.
Según informes provenientes del sector pesquero, el buque San Arawa 2, perteneciente a Estremar, habría capturado más de 40 toneladas de merluza negra juvenil en una sola jornada el pasado 22 de marzo. El hecho no solo desafía las regulaciones establecidas para la protección de esta especie vulnerable, sino que también plantea serias dudas sobre las prácticas de pesca llevadas a cabo por esa compañía.
Expertos en el tema advirtieron que la cantidad capturada por el San Arawa 2 excede con creces los límites establecidos para la pesca incidental, lo que sugiere una clara intencionalidad de dirigir la actividad hacia la obtención de merluza negra, a pesar de las restricciones legales vigentes.
El episodio se suma a la denuncia contra la empresa fueguina Prodesur, una de cuyas embarcaciones pescó, según aclararon desde la compañía de forma incidental, la friolera de 163 toneladas de merluza negra, especie para la cual no cuentan con el permiso legal correspondiente.
Estos sucesos forman parte de una serie de controversias que rodean a la industria pesquera argentina, donde las disputas por las cuotas de captura y las acusaciones de prácticas ilegales han sido moneda corriente en los últimos años.
Los patrones del San Arawa 2, Ingvar Johannesson e Idar Rekkedal, fueron señalados como los principales responsables en el marco de la investigación por pesca ilegal de merluza juvenil. La atención se centra ahora en determinar las responsabilidades y las posibles sanciones que podrían recaer sobre la empresa Estremar, así como en identificar los mecanismos necesarios para prevenir futuros episodios de este tipo.
La merluza negra en Argentina se encuentra bajo el control de un reducido número de empresas, entre las que se encuentran Argenova, Estremar y Pesantar, quienes han sido objeto de críticas por su influencia en la política pesquera nacional.
La emisión de un acta por parte del Consejo Federal Pesquero (CFP) en 2019, que excluyó a la empresa Prodesur y consolidó el dominio de estas compañías en el sector, no hizo más que alimentar las sospechas de cartelización. Además, generó llamados a una mayor transparencia y equidad en la distribución de las cuotas de pesca.
El 5 de marzo de 2021, el CFP renovó automáticamente las autorizaciones de captura de merluza negra para las mismas tres empresas hasta 2025 inclusive, un hecho que es objeto de críticas por parte de diversos sectores y que avivó el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta y una mayor transparencia en la toma de decisiones relacionadas con el uso de los recursos naturales.
Ante la sucesión de maniobras fraudulentas y denuncias judiciales que salpican al sector pesquero argentino en los últimos tiempos, se hizo oportunamente un llamado urgente al Consejo Federal Pesquero para que convoque a una reunión entre los principales actores de la industria. Entre las voces que formularon tal solicitud destaca la del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
Además, se recomendó intimar a todos los buques pesqueros que poseen cuota de merluza negra a que retornen a puerto de inmediato para su evaluación e investigación, con el objetivo de evitar que se agrave el daño al medio ambiente y se garantice una explotación sustentable de los recursos marinos en el futuro.
Nada de lo solicitado ha sido atendido, ni por el gobierno anterior ni por el recientemente asumido.