El reciente Congreso Antártico Ushuaia 2025, organizado por la fundación Finnova en el hotel Arakur, se vio empañado por un incidente que trascendió la mera anécdota protocolar.
Durante la exposición de Mariela Cornejo, vicepresidenta del comité de puertas de entrada de la Asociación Internacional de Operadores de Turismo Antártico (IAATO), se proyectaron mapas y gráficos que, al referirse al archipiélago austral, utilizaron la denominación colonial británica «Falkland Islands» en lugar de «Islas Malvinas».
No se trató de un caso aislado: la cartografía exhibida tampoco integraba a las islas al territorio argentino con el mismo código cromático, y asignó nombres en inglés a sectores de la península Antártica reivindicados por la Argentina.
Aunque la IAATO y Finnova presentaron posteriormente endebles disculpas formales, atribuyendo el hecho a un error involuntario y al incumplimiento de la nomenclatura de la ONU, la magnitud del desliz en un foro de tal envergadura realizado en la capital fueguina fue interpretada por amplios sectores como un síntoma de una mirada más profunda y preocupante.
Omisiones a la carta
El episodio dejó al descubierto el evidente perfil ideológico de un segmento privilegiado de la clase empresarial local, impulsora del evento, que parece actuar con una tilinguería ampulosa y despreocupada ante un tema neurálgico para la identidad fueguina.
Su discurso, envalentonado por corrientes nacionales que priorizan el imperio de lo económico, se construye sobre modernas teorías de gestión, conceptos tecnocráticos y una visión meritocrática que frecuentemente desprecia la densidad histórica y la soberanía como valores fundamentales.
Esta cosmovisión de la burguesía fueguina, que antepone indicadores de rentabilidad y proyección internacional al reclamo legítimo por los territorios usurpados, no es un fenómeno aislado. Se manifiesta también en otras disputas que dividen a la sociedad, como el debate en torno a la salmonicultura, donde argumentos de desarrollo económico chocan con consideraciones ambientales y de soberanía alimentaria.
Paralelamente, es el mismo sector empresarial comercial de Ushuaia y Río Grande que, mientras abraza estos postulados liberales para temas geopolíticos, exhibe una insistente exigencia al Estado provincial por protección, subsidios y mantenimiento de exenciones para preservar su privilegiada rentabilidad, incluso blandiendo amenazas de despidos o resistencias fiscales.
El desprecio como insignia
La organización del congreso por parte de Finnova, sin participación oficial del gobierno provincial y con una programación que, según analistas, omitía deliberadamente toda referencia al conflicto de soberanía, consolida la imagen de una elite auto-convocada que busca definir agendas al margen de las instituciones representativas.
El episodio, en su aparente trivialidad cartográfica, opera como un sintomático reflejo de dos Argentinas en pugna dentro de la misma provincia: una que, desde cómodos salones con vista al Beagle, imagina un futuro desvinculado de las cicatrices territoriales, y otra, mayoritaria y arraigada, que comprende que la soberanía no es un tema de agenda, sino la columna vertebral de su existencia en el confín del mundo.
La disculpa institucional subsanó el protocolo, pero no pudo cerrar la profunda herida que reveló: la indiferencia de una élite que, en su afán por mimetizarse con un mundo abstracto de flujos y mercados, parece dispuesta a diluir en mapas y presentaciones lo que para su pueblo es una verdad geográfica e histórica irrenunciable.