La organización Amnistía Internacional (AI) reconoció el papel de la Argentina en cuanto a la autonomía reproductiva al cumplirse dos años de la sanción de la Ley de interrupción voluntaria del aborto. Pero alertó sobre “las barreras que persisten” en la implementación de la norma, e hizo expresa alusión a la provincia de Tierra del Fuego, más precisamente al hospital Regional Río Grande.
Según precisa la agencia Télam, AI realizó un estudio de campo en Tierra del Fuego acerca de la aplicación de la norma, y el informe final arroja conclusiones altamente negativas.
“En un mundo donde hay países que restringen este derecho, Argentina es un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva”, afirmó este jueves en un comunicado la organización.
Respecto de la persistencia de barreras en el acceso a este derecho en general, el dossier menciona “falta de información y calidad de la prestación”, así como “situaciones de violencia y maltrato”, tanto en el sector público como en el privado.
En el caso de Tierra del Fuego, Amnistía Internacional denunció la situación en el hospital local de Río Grande, donde el servicio de tocoginecología a pleno, compuesto por trece profesionales, interpuso objeción de conciencia para no practicar interrupción de embarazo en al menos 34 mujeres.
La entidad cuestionó que a raíz de esa postura, las pacientes debieron trasladarse a Ushuaia, a más de 200 kilómetros, para poder abortar tal como la Ley nacional contempla en el hospital regional de la capital fueguina. Que por esta situación sufrió por momentos la saturación del servicio.
“El único hospital público (en Río Grande) que debe garantizar la interrupción del embarazo no lo hace debido a que los trece médicos de su servicio de tocoginecología son objetores de conciencia. Por esta razón, desde que la ley 27.610 entró en vigencia, al menos 34 personas de esa ciudad con embarazos de más de 12 semanas tuvieron que viajar más de 200 kilómetros hasta el Hospital Regional de Ushuaia para acceder a un aborto. Estos traslados aumentaron en un 50% la demanda del hospital”, lamenta Amnistía en el comunicado.
Además, pone énfasis en la responsabilidad estatal por la ausencia de campañas públicas de información y la tolerancia al alto grado de desinformación. Y lo más notable, denuncia que en líneas telefónicas para acompañar embarazos inesperados, las personas que atienden buscan disuadir a las mujeres de su decisión de abortar.
La entidad internacional menciona como única medida adoptada por el Ministerio de Salud fueguino, con nulo resultado, la convocatoria a profesionales que no sean objetores de conciencia para cubrir cargos en el staff médico. Pero no logró incorporar a ninguno.
Como contrapartida, Amnistía enfatizó sobre los “avances y esfuerzos que realiza Argentina en el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las personas”. Pero advirtió que continuará monitoreando el acceso a la práctica, sobre todo en cuanto a la clara disponibilidad del formulario de denuncia para que quienes detecten barreras, las denuncien.