“No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte”, rezan los versos del siempre vigente Martín Fierro, la célebre obra de José Hernández.
Para el transporte público, no sólo en Tierra del Fuego sino en la Argentina toda, un tiempo parece acabado y para no volver. Es hora de replantear el sistema y entender que un tiempo acabó, el del monopolio de un grupo minoritario de mini empresarios y rentistas de patentes de taxi.
Comienza otra era, la de la tecnología, la de la competencia, la del reinado del usuario, dejando atrás a los que lucran con los militantes del status quo.
A nadie puede sorprender que un sistema de transporte nacido de la más avanzada tecnología, que permite la interacción con el usuario, que baja el costo a la vez que eleva los estándares de calidad, no termine, más temprano que tarde, pasando por encima a una forma de prestar el servicio detenida 50 años en el tiempo.
Descuidados, sucios, escasos, con relojes de hace medio siglo, así son nuestros taxis y remises (nadie termina de creerles que son dos cosas distintas uno y otro).
Debe decirse que las deficiencias no son un fenómeno natural. Es la simple consecuencia de la mala administración, la especulación, la explotación espuria y la desidia de políticos que prefirieron siempre mirar al costado para no hacer enojar a quienes, estúpidamente, consideraron una especie de “influencers”, cuyo eventual enojo con el que gobierna podría ser transmitido a sus pasajeros.
Atados al pasado
Tenemos que aceptar todos, asimismo que, después de décadas de desvirtuar el mecanismo de concesión de licencias, hoy los que menos ganan con el negocio del transporte son los que lo trabajan. En el medio, un montón de oscuros intermediarios, testaferros, “concesionarios” truchos, dueños de vehículos, agencias y mercaderes de la licencia, cosechan la renta a costa del lomo del chofer.
Aquellos que acusan a Uber de estar por fuera de la Ley, se esconden cuando se les recuerda que la deformidad del sistema ha llevado a que, sea en Río Grande o en Ushuaia, el valor de una licencia de taxi o remise ha llegado a tener el valor de una propiedad inmueble, y que como tal se compra y se vende, aunque está prohibido por la misma legislación.
El tiento tenía que cortarse y ya cruje. No porque algún funcionario haya decidido ponerle el cascabel al gato, sino por la aparición de las empresas de aplicaciones que, usando al extremo las bondades de la tecnología, se han ganado el inmediato apoyo de los consumidores, hastiados del maltrato de las empresas de taxis y remises tradicionales.
De nada valen los piquetes, los aprietes a legisladores, los lobbies y los letrados venidos a pescar en el río revuelto. La voluntad popular puede más que todo y la decisión de la gente es sumarse a la corriente modernizadora, algo que sólo los políticos más inteligentes están viendo y actúan en consecuencia.
Pero el golpe mortal para los defensores de la vetustez, es la evidencia de que los propios choferes de taxis y remises se están subiendo a la ola, trabajando (a contra turno o en forma simultánea) como choferes de Uber o Cabify, los principales nombres propios de la modernización, tal como se ha evidenciado en Río Grande y como se informó en base a una encuesta oficial en la ciudad de Córdoba.
La triste expresión “mafia de los taxis” comienza a ser un triste recuerdo. Llega la competencia, de manos de la modernidad.
Felices los usuarios. Bienvenidos los políticos que lo entiendan y comiencen a gobernar hacia adelante y no atados al pasado.