La provincia de Tierra del Fuego se enfrenta a un escenario presupuestario complicado, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional concretara un recorte de 100.000 millones de pesos en su asignación presupuestaria. Esta situación fue confirmada por el ministro de Economía provincial, Francisco Devita, quien expresó su preocupación y explicó las medidas que se deberán tomar para adecuar el presupuesto provincial, ya presentado en la Legislatura, a la nueva realidad.
«Nuestra primera versión de presupuesto que hemos presentado ya quedó obsoleta después de la cadena nacional de nuestro presidente», afirmó Devita esta semana en Radio Fueguina, refiriéndose a la presentación del presupuesto nacional por parte del gobierno central.
La Constitución exige que la provincia presente su presupuesto antes del 31 de agosto, lo que en este caso, y en todos los casos, lleva al Ministerio a construir un presupuesto basado en estimaciones que, posteriormente, quedan desfasadas debido a las nuevas proyecciones económicas del gobierno nacional. «Habíamos elaborado un contexto en el cual pensábamos, de acuerdo a distintas consultoras, al FMI incluso, que íbamos a tener una inflación aproximadamente del 50% anual y un crecimiento situado en alrededor de un 3% o 3,2%, y luego de tener un primer contacto con el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional, presupone una inflación del 187% y un crecimiento del 5%» explicó numéricamente el problema básico.
Este ajuste inesperado implica un recorte significativo en los recursos disponibles para la provincia, lo que obligará a realizar esas modificaciones profundas en el presupuesto local. «Esto implicaría para la provincia 100.000 millones de pesos de menores recursos. Un montón», calculó el ministro. Para abordar esta situación, Devita anunció que se reuniría en los próximos días con funcionarios del gobierno nacional para obtener más detalles sobre el proyecto de presupuesto y así poder reelaborar el plan económico provincial.
El impacto del recorte no solo afectará a la administración provincial, sino que también tendrá repercusiones a nivel municipal. Según anunció Devita, al encuentro virtual programado para el 23 de septiembre extendió la invitación a las secretarias de Economía de los tres municipios fueguinos para que también se sumen a la reunión y tomen contacto directo con los detalles del presupuesto, ya que la reducción de recursos afectará a todas las jurisdicciones.
El ministro también aprovechó para criticar la falta de profundidad en la presentación del presidente sobre el presupuesto el domingo pasado en el Congreso Nacional: «El domingo acudimos a una presentación política, de técnica no tuvo nada, no se habló de variables económicas, no se habló sobre el crecimiento del PBI, no se habló de la inflación, de la situación comercial, industrial, productiva en nuestro país, del tipo de cambio, de los trabajadores, de los jubilados. De nada, o sea, de presupuesto no tuvo mucho».
En lugar de abordar estos temas clave, según Devita, el presidente se centró en garantizar que, a pesar de las dificultades, el país mantendrá una política de equilibrio fiscal, asegurando que cualquier incremento en el gasto deberá ser compensado con una reducción en otras áreas. «Para nosotros va a implicar un recorte de 100.000 millones de pesos. Con lo cual tenemos que revisar todas nuestras partidas, para poder ver de qué manera vamos a tratar de llegar a un presupuesto lo más equilibrado posible» opinó.
El escenario también se ve afectado por cuestiones políticas y mediáticas, según el ministro, quien reprochó la instalación de una narrativa crítica, particularmente en la Intendencia de Río Grande, sobre la discusión de la percepción de impuestos por parte de los municipios: «Nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto de presupuesto equilibrado. Tenemos un recurso que en algún momento fue judicializado, el impuesto inmobiliario, que tiene sentencia firme a favor de la provincia. Ese recurso, por una voluntad política hoy la provincia no lo percibe».
En tal sentido, Devita mencionó un ítem nuevo en el presupuesto atado a la necesidad de mejorar el acceso de los vecinos a la red de gas natural, iniciativa que, a cambio de seguir sosteniendo la potestad municipal sobre los impuestos inmobiliarios y del automotor, propone costear en un 54%, dejando el 46% restante a los municipios. A sabiendas de la oposición que recibirá de parte de las tres ciudades, subrayó que este tema debe debatirse en la Legislatura y no con las intendencias.
A pesar de la complejidad del escenario, Devita aseguró que la provincia continuará trabajando para mantener los servicios básicos y buscar soluciones. En referencia a la red de gas, destacó que, aunque el número de usuarios empadronados no ha crecido significativamente desde 2016, la población ha aumentado en 30.000 personas, lo que refleja que la conexión de más vecinos a este servicio es esencial. Sólo queda dilucidar cómo financiarlo.
La situación obliga a la provincia de Tierra del Fuego a replantear sus estrategias económicas, adecuando su presupuesto a un escenario macroeconómico incierto y ajustado, en el que los recursos serán más limitados y las decisiones deberán ser más cuidadosas.