En un controvertido proyecto, dos diputados del PRO, Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni presentaron una iniciativa parlamentaria para modificar el Código Aduanero con el objetivo de eliminar los impuestos que afectan las importaciones de bienes tecnológicos en Argentina.
La propuesta, centrada en reducir los derechos de importación de teléfonos celulares y computadoras, plantea una solución radical: fijar en cero la alícuota para estas categorías, argumentando que la falta de competencia en el sector tecnológico es la principal causa de los altos precios que enfrentan los consumidores en el país.
El fundamento de este proyecto radica en una crítica directa al sub régimen promocional de Tierra del Fuego, amparado por la Ley 19640, que desde su creación en 1972 impulsa la producción industrial en esta provincia mediante exenciones fiscales. Según los diputados, este sistema ha creado un monopolio en la producción de dispositivos tecnológicos que limita la competencia y, en consecuencia, eleva los precios de estos productos para los consumidores argentinos. “Los precios de los celulares en Argentina pueden llegar a superar en casi tres veces los registrados en Estados Unidos. A su vez, llegan a ser hasta 130% más caros que en Chile y casi 100% más caros que en Brasil”, indicaron Fernández Molero y Bongiovanni.
El proyecto establece la modificación del artículo 609 del Código Aduanero, buscando restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para imponer prohibiciones y restricciones a las exportaciones e importaciones por razones económicas. En esta línea, se propone que los derechos de importación de posiciones arancelarias vinculadas a la informática y las telecomunicaciones se fijen en un 0%, al menos hasta diciembre de 2028. Los autores de la propuesta sostienen que la competencia global en este mercado, bloqueada por las políticas actuales, sería clave para reducir los precios de los productos tecnológicos en Argentina.
Entre los argumentos presentados, los legisladores remarcan que “los consumidores argentinos pagan en promedio un 170% más que en Estados Unidos, Chile y Brasil por computadoras, con diferencias que en algunos casos pueden alcanzar hasta el 270%”. En ese sentido, se alude a que el predominio de la producción en Tierra del Fuego limita el acceso a productos importados a un escaso 3% del total de teléfonos comercializados en el país. Para los diputados, esto ilustra un modelo concentrado y cerrado que perjudica a los consumidores.
Más de lo mismo
El análisis en el que se basa este proyecto ha sido señalado como simplista y erróneo por diversos sectores. Quienes critican la propuesta subrayan que los precios de los bienes tecnológicos en Argentina no dependen exclusivamente del régimen promocional de Tierra del Fuego, sino que son resultado de una combinación de factores, entre ellos la inflación estructural del país, la devaluación del peso y las fluctuaciones en los costos de importación.
“En término de impacto económico, la apertura del mercado tecnológico, resultará un desaliento a la producción local que en el extremo sur del país genera 8.500 puestos de trabajo directo y otros 7.300 de forma indirecta” resumió días atrás El Cronista.
Además, desde una perspectiva económica, eliminar completamente los aranceles podría tener consecuencias negativas no solo para la industria local, sino también para las finanzas públicas.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego ha sido durante décadas uno de los pilares fundamentales de la economía de la provincia. En la región más austral y remota del país, donde las condiciones geográficas y climáticas son extremas, esta ley ha permitido sostener una matriz productiva que genera empleo y protege la soberanía nacional. Una medida como la que proponen los legisladores macristas, al desincentivar la producción en el territorio fueguino, afectaría directamente a la población que depende de la industria tecnológica.
El sector productivo de Tierra del Fuego no solo es un motor económico crucial para la provincia, sino que también se presenta como una herramienta de soberanía en una región estratégica para el país. Reducir o eliminar los incentivos industriales, como argumentan algunos expertos, pondría en riesgo no solo el empleo y la estabilidad económica de miles de familias, sino también la presencia argentina en una zona geopolíticamente clave.
Desconocimiento o desidia
El proyecto de Fernández Molero y Bongiovanni también parece pasar por alto la complejidad y evolución del régimen promocional. Si bien es cierto que cuando la Ley 19640 fue creada no existía la actual demanda por dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y computadoras, hoy el esquema productivo fueguino viene pugnando por adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas, con una creciente participación en la producción de bienes de alta demanda.
Para Tierra del Fuego, el régimen de promoción industrial es mucho más que un simple incentivo fiscal. Es un sostén fundamental para su desarrollo y su integración con el resto del país, en un contexto donde las distancias físicas y económicas representan un desafío constante. La industria tecnológica, que los diputados tildan de monopólica, es, en realidad, una de las pocas fuentes de trabajo en una provincia donde el sector privado juega un rol decisivo.
La propuesta de eliminar aranceles a las importaciones de celulares y notebooks plantea una solución simplista a un problema de fondo mucho más amplio. Si bien es indiscutible que los precios de estos productos en Argentina son altos, reducir los impuestos no parece ser la respuesta adecuada.
El régimen de Tierra del Fuego ha permitido a la provincia construir una economía sustentada en la producción industrial, vital para una región remota que no cuenta con muchas alternativas económicas. La apertura indiscriminada de las importaciones, sin considerar los efectos sobre el empleo y la industria nacional, podría tener consecuencias graves no solo para Tierra del Fuego, sino para todo el país.