En los últimos meses, Tierra del Fuego ha enfrentado una serie de embates que, en su conjunto, parecen más que casualidades.
El Gobierno Nacional, en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, impulsa la revisión del régimen de promoción industrial que sostiene la economía fueguina. Un golpe directo al corazón productivo de la provincia, que podría desencadenar un colapso económico y social en un territorio ya marcado por su aislamiento geográfico y sus costos estructurales.
Pero el ataque es múltiple. La posible reducción de vuelos de Aerolíneas Argentinas ahogaría aún más la conectividad de una isla que depende casi exclusivamente del transporte aéreo, afectando tanto al turismo como a la vida cotidiana de sus habitantes.
Además, la flexibilización de la barrera sanitaria para la importación de carne con hueso pone en riesgo el estatus de zona libre de aftosa, logrado tras décadas de esfuerzo.
Y en el plano simbólico, el discurso del presidente Milei del 2 de abril abrió una grieta peligrosa al mencionar la autodeterminación de los kelpers, contradiciendo la Constitución y la histórica reivindicación argentina sobre Malvinas.
¿Es una estrategia coordinada? La falta de diálogo entre el Gobierno Provincial y la Nación alimenta las sospechas. El ministro de Economía fueguino admitió que ni siquiera tiene el número telefónico de su par nacional, mientras que los legisladores nacionales -casi todos- resisten los mandatos del oficialismo.
En un país donde la lealtad política suele premiarse (y la disidencia, castigarse), el distanciamiento de Gustavo Melella con Milei no pasa desapercibido.
Las próximas elecciones dirán si los fueguinos ven estas medidas como agresiones injustas o como un costo necesario. Por ahora, la pregunta sin respuesta es: ¿está pagando Tierra del Fuego el precio de su independencia política?